Estas viviendas tienen que cumplir una serie de características sobre dimensiones máximas y precio máximo. El organismo competente de la comunidad autónoma es el encargad de calificar estas viviendas y de garantizar las ayudas pertinentes.
La vivienda de protección oficial tendrá un precio inferior a una vivienda libre pero a cambio, deberá cumplir una serie de limitaciones. Deberá destinarse a vivienda habitual y permanente de familias con ingresos inferiores a una cantidad determinada.
El precio máximo de venta o renta, los ingresos máximos de los compradores, así como otros requisitos, serán fijados por las diferentes Comunidades Autónomas.
Una vivienda protegida puede dejar de serlo por varios motivos. El primero, porque el régimen de protección pública desaparezca o se extinga pasado el tiempo establecido (normalmente entre 10 y 30 años, dependiendo de la comunidad autónoma).
La mayor ventaja de obtener una vivienda de protección oficial es la mejoría en el precio respecto una vivienda libre, además de la posibilidad de obtener ayudas del Estado o Comunidades Autónomas. Principalmente, son viviendas destinadas a familias con unos ingresos bajos que tienen la necesidad de tener su hogar y económicamente no les alcanza para una vivienda libre.
